En el pleno del lunes se aprobó una moción con el voto a favor de los miembros de EhBildu y con el rechazo de PNV y PSOE. La moción recoge las conclusiones de la reflexión sobre las empresas eléctricas productoras de electricidad y se suma a la convocatoria de apagón convocada para el 8 de octubre:


El precio de la luz en máximos históricos; subiendo las facturas; enriqueciendo a las empresas eléctricas, empobreciendo a los ciudadanos y, todo ello, permitiéndolo el Gobierno español. Este es el resumen del gran fraude que se está cometiendo contra la ciudadanía. Este fraude ha tenido graves consecuencias para familias, pymes o pequeños comercios. Un fraude creado y autorizado por los gobiernos, los políticos, los eléctricos y los intereses económicos compartidos por todos.

Fueron ellos, los partidos que han gobernado el Estado español, tanto el PSOE como el PP, los que privatizaron, vendieron y desmantelaron empresas públicas, desregulando el sistema y dejándolo en manos del "mercado". Hablamos de un mercado controlado y manipulado por los Consejos de Administración, formado por presidentes y exministros de ambos partidos. Con un único objetivo: enriquecerse a costa de un bien fundamental como la energía.

Así construyeron un mercado eléctrico a su medida, hasta llegar a pagar la energía más barata al precio de la más cara. Especulan y manipulan el mercado con la electricidad a través de bienes públicos como el agua o el viento. Las grandes empresas del oligopolio, como Endesa, Iberdrola o Naturgy, acumulan beneficios millonarios cada año, mientras roban dinero a los consumidores y resuelven territorios a los productores, provocando gravísimas consecuencias sociales y climáticas. Han formado en estos años toda una red con beneficios caídos del cielo que acaba en los bolsillos de los accionistas de las compañías eléctricas. Un negocio redondo.

Ante esta situación, el Gobierno español se ha limitado a tomar medidas coyunturales y parches para atajar este escándalo hasta que ha sido coaccionado por la presión de la opinión pública y de las fuerzas políticas soberanistas y progresistas. Y cuando ha tomado la única medida que afectará a los beneficios de las grandes empresas, han chantajeado a la empresa y han recurrido a la amenaza; no solo al Gobierno español, sino a los miles de ciudadanos que esperan que se les abarate la factura de la luz. Estamos ante un pulso entre élites y mayorías sociales y populares, en fin.

Pues bien, los catalanes, vascos y gallegos, hemos formado hoy un frente común contra las amenazas del oligopolio energético, además de denunciar la falta de voluntad y de acción mostrada por el Gobierno español para combatir el fraude eléctrico con medidas estructurales.

Porque nuestros países, los Países Catalanes, Galicia y el País Vasco, carecen de la soberanía necesaria para hacer frente al fraude eléctrico y a sus responsables. Nuestros parlamentos y gobiernos están vinculados al Estado español, lo que permite que todo esto suceda. Hoy por hoy se nos niegan herramientas propias para poder intervenir en el mercado, combatir el oligopolio eléctrico y poner en marcha medidas que el gobierno no quiere tomar por falta de valentía.

Nuestra dependencia energética y política del Estado español es un claro obstáculo para proteger a nuestros ciudadanos de los abusos que cometen las empresas. Esto nos impide poner coto a los precios, intervenir desde lo público y controlarlos. Nos impide crear tarifas propias, normas propias, mercados propios y, por tanto, soluciones propias. Al fin y al cabo, nos impide recuperar lo que era público.

El hecho de que nuestros pueblos no tengan soberanía energética nos sale muy caro a los gallegos, catalanes y vascos. Ya es hora de que también en la construcción de nuestras naciones avancemos hacia la soberanía energética, tengamos sistemas propios que rompan el oligopolio establecido, construyan sistemas justos desde lo público y respeten la electricidad como bien y derecho básicos.